Vidal Galindo
En esta ocasión voy a llevar a cabo únicamente una breve reseña de una sentencia que, sin aplicar ningún criterio novedoso (motivo por el cuál la entrada será breve), sí puede resultar útil para algún caso concreto.
La sentencia aborda la calificación de un despido disciplinario por negarse de forma reiterada a activar el GPS facilitado por la empresa para el desarrollo del trabajo habitual.
Cuestión interesante desde la perspectiva laboral.
En el diario Expansión de hoy, 10 de enero de 2018, he tenido ocasión de llevar a cabo algunos comentarios acerca de la sentencia de ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso López Ribalda y otros) acerca de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, que comentaba en esta entrada: Caso López Ribalda y Otros.
En Expansión se explica correctamente que «aunque la instalación de las cámaras era una medida oportuna ante los robos, el tribunal no cree que sea proporcional por dos razones: no cumple con la LOPD y las grabaciones fueron indiscriminadas y prolongadas». Esto tiene una importante consecuencia, y es que aunque no se declara de forma expresa, de la sentencia se puede extraer que una grabación con cámara oculta, limitada en el tiempo y para detectar unas irregularidades concretas, hubiera podido constituir una prueba válida.
Parece que el año comienza (igual que sucedió en 2017) a vueltas con el uso de cámaras de vigilancia en los centros de trabajo. En esta ocasión ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia del día de hoy, 9 de enero de 2018 (Caso López Ribalda y Otros – Asuntos 1874/13 y 8567/13).
En otra entrada ya nos referíamos al uso de cámaras en el lugar de trabajo. Hoy tenemos algún criterio adicional del TEDH. La sentencia es relevante, por cuanto perfila el análisis de proporcionalidad de la medida de la grabación por las cámaras y la vincula al cumplimiento de las obligaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además el TEDH también tiene ocasión de pronunciarse sobre la validez de un acuerdo transaccional suscrito en el momento del despido.
Normalmente con el final de un año natural, finaliza también la vigencia de muchos convenios colectivos, comenzando el periodo de ultraactividad. Una de las cuestiones que más preocupan a las partes, por motivos obvios, es la prórroga, o no, de la revisión salarial prevista en el convenio colectivo.
La materia ya es interesante por sí misma; pero es que además en la entrada se recopila y resume la doctrina acerca de la vigencia de diferentes cláusulas del convenio en fase de ultraactividad y también la doctrina acerca de la interpretación de convenios y acuerdos colectivos, todo ello con abundante cita jurisprudencial.
La cuestión fue abordada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de noviembre de 2016, en la que analiza y resuelve un supuesto concreto de aplicación de una cláusula de revisión salarial durante el periodo de ultraactividad de un convenio colectivo.
En ocasiones tendemos a pensar que para llevar a cabo un despido objetivo y defender la procedencia de la extinción contractual es suficiente con acreditar las causas y seguir las formalidades del despido objetivo. Sin embargo, a pesar de que lo anterior es imprescindible, y no es poco, lo cierto es que no siempre es suficiente. Podemos encontrarnos ante un despido objetivo con causa legal, acreditar la misma y que, aun así, se declare improcedente. El Tribunal Supremo así lo recordó en 2016 y así lo han declarado varios Tribunales Superiores de Justicia a lo largo de 2017.