La realidad es que desde un punto de vista práctico, los pactos de no competencia postcontractual suelen generar muchas preguntas, situaciones inesperadas y no siempre los resultados esperados.

En muchas ocasiones las propias cláusulas de no competencia postcontractual incluyen una cláusula penal para el supuesto de incumplimiento por parte del trabajador; pero la validez de dicha cláusula penal no está exenta de requisitos.

En esta entrada vamos a ver qué ha declarado el Tribunal Supremo respecto a la validez de una cláusula penal concreta en su sentencia de 26 de octubre de 2016 (Rec. 1032/2015). En el caso que nos ocupa las partes acordaron –con una redacción un tanto particular– que el trabajador no competiría frente a la empresa durante un plazo de 18 meses tras la extinción de su contrato de trabajo, percibiendo como compensación un importe de 18.000 Euros. En caso de incumplimiento por parte del trabajador, éste debería compensar a la empresa con un importe equivalente a una anualidad de su salario bruto (que ascendía a 59.000 Euros).

Curiosamente el trabajador no plantea una cuestión previa, como es si la compensación percibida por el trabajador era “adecuada” en los términos del artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores o no, en cuyo caso la cláusula sería nula y, por tanto, no se podría exigir la indemnización por parte de la empresa.

En cuanto a los hechos, el empleado causó baja en la empresa y comenzó a prestar servicios para un competidor. Tras un intercambio de comunicaciones entre empresa y trabajador, la empresa finalmente presentó una demanda exigiendo al empleado el abono de la indemnización acordada (59.000 Euros). El Juzgado de lo Social estimó la demanda de la empresa, si bien la estimación fue parcial y condenó al empleado a abonar a la empresa una indemnización por importe de 18.000 euros, por considerar la indemnización acordada “desproporcionada”. La sentencia fue recurrida en suplicación y el Tribunal Superior de Justicia estimó el recurso, condenando al empleado a pagar la indemnización de 59.000 Euros al entender que la cláusula penal tenía una redacción “absolutamente tajante”.

El Tribunal Supremo comienza recordando que “el pacto de no competencia postcontractual genera expectativas tanto para el trabajador (indemnización para compensarle del perjuicio que pueda suponer, tener que dedicarse, después de extinguido el contrato y durante el tiempo pactado, a otra actividad distinta, para la que quizás no esté preparado), como para el empresario (evitar el perjuicio que pueda suponer la utilización por el trabajador de los conocimientos adquiridos en la empresa en una actividad que entra en competencia con aquélla)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2009, Rec. 665/2008), por lo que en ambos casos (empresa y trabajador) la cláusula penal tiene carácter indemnizatorio.

Lo que plantea el Tribunal Supremo es que en estos supuestos la pena acordada constituye una pena coercitiva o de garantía, o liquidatoria (pena sustitutiva) en el sentido que apunta el art 1152.1 del Código Civil (“en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado”). Por tanto, la indemnización acordada sustituye a la indemnización de los daños. Pero ello únicamente supondría la exención de la acreditación del importe de los daños causados, pero no la del requisito de su proporcionalidad entre el incumplimiento y dichos daños.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgador de instancia es soberano evaluando las condiciones y circunstancias concurrentes en el caso, sin perjuicio de su corrección en caso de evidente y notorio error ponderativo, que no se considera en este caso. Y el Juzgador de instancia consideró que la empresa solicitaba de forma automática la aplicación de la cláusula penal, sin llevar a cabo ningún esfuerzo probatorio ni respecto a los daños sufridos, ni respecto a la proporcionalidad de la indemnización respecto de los mismos (dice la sentencia de instancia que “la demandante incide en el incumplimiento del trabajador, cierto, y la exigencia de la indemnización pactada por tal incumplimiento, indemnización que bien puede estar basada en los daños y perjuicios irrogados, si bien éstos en modo alguno ni se acreditan ni se hace mención de ellos, lo que indudablemente contribuiría a justificar el cumplimiento de la cláusula penal; simplemente se argumenta el incumplimiento y en base exclusivamente al mismo y de acuerdo a lo pactado se exige dicha indemnización; no obstante la desproporción entre lo que se percibe y se exige, debe -a nuestro juicio- justificarse a modo de daños y perjuicios que no se efectúa“).

El Tribunal Supremo recoge la doctrina general y jurisprudencia civil en materia de interpretación de los contratos, si bien recuerda que no es posible olvidar la específica normativa del ámbito social, que tiene también declarado al respecto que “lo que podrá plantearse en determinados supuestos es la proporcionalidad de la indemnización prevista (“compensación económica adecuada”, a la que alude el art 21 del ET), sobre la base de que la cláusula puede resultar abusiva y contraria al principio de buena fe (art 7.2 del CC)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009, Rec. 1264/2008). 

Y considerando que se trata de una materia especifica laboral, el Tribunal Supremo recurre al artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, el cual, al regular el pacto de no competencia postcontractual, determina como uno de los requisitos para su validez “que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada“, de donde se sigue tácitamente que igualmente adecuada o proporcional ha de ser la compensación a la empresa cuando dicho trabajador incumpla tal pacto.

El Tribunal Supremo razona que no en cualquier caso puede estimarse que la responsabilidad del trabajador se saldará con la devolución de lo percibido por el mismo en el concepto litigioso, sin más, porque ello, en función de las condiciones y circunstancias tanto del contrato como del propio proceso, puede implicar un trato injustificadamente favorable. No obstante, no puede variar el criterio del juzgador de instancia, que limitó la cuantía indemnizatoria a un importe de 18.000 euros, equivalente a lo que abonó en su día la empresa en compensación por la no competencia del trabajador.

Realmente, y a pesar de la sentencia que nos ocupa, la devolución de lo percibido no es una compensación por los daños sufridos por la empresa, sino más bien supone dejar al arbitrio de una de las partes (el empleado), el cumplimiento de la cláusula de no competencia (podrá optar entre cumplir su obligación o devolver la compensación percibida, con lo que no satisface ningún daño). Y dejar el cumplimiento de un acuerdo a una de las partes está vedado por el Código Civil (artículo 1.256). La parte cumplidora sólo obtendría el reintegro de lo abonado, pero no una indemnización por el incumplimiento por el trabajador.

En conclusión: a la hora de incluir una cláusula penal en un acuerdo de no competencia postcontractual conviene que la misma guarde determinada proporcionalidad con la cantidad abonada al trabajador como compensación y con los eventuales daños que pueda causar su incumplimiento. Y también conviene recordar la necesidad de llevar a cabo un mínimo esfuerzo probatorio en caso de juicio en relación con los daños causados, no limitándose únicamente a acreditar el incumplimiento del trabajador.

Vidal Galindo

Soy un abogado laboralista, de perfil internacional, con visión de negocio y vocación de formación y desarrollo de equipos. Tengo especial experiencia profesional en negociaciones, asuntos colectivos, litigación y asesoramiento a grandes clientes. Soy autor de la gran mayoría de las entradas de este blog. Cuando cuento con ayuda de algún colaborador, reviso y edito completamente la entrada antes de su publicación.

Indemnización por incumplimiento del pacto de no competencia post-contractual
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