El Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con dos cuestiones relativas a la extinción del contrato de trabajo por incapacidad del empresario. Dado que no es una causa de extinción muy habitual, las ocasiones para pronunciarse al respecto tampoco son numerosas.

En este caso la extinción se produce cierto tiempo después de la declaración de incapacidad del empresario… ¿es válida la extinción por esta causa pasado determinado tiempo o tiene que ser inmediata para ser válida? Esa es la cuestión que más nos interesa para esta entrada.

El TS unifica doctrina en cuanto a la extinción del contrato por incapacidad del empresario Clic para tuitear

El caso que nos ocupa ha sido resuelto mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2016 (Rec. 978/2015) y el desarrollo básico de los hechos fue el siguiente:

.- En septiembre de 2012 el empresario (autónomo) tuvo un accidente grave.

.- Desde ese momento, los hijos dirigieron y gestionaron el negocio.

.- A finales de mayo de 2013 el empresario fue incapacitado totalmente por sentencia.

.- A mediados de julio de 2013, se notifica la extinción del contrato de trabajo a la empleada.

Las cuestiones que se plantean en el caso son fundamentalmente dos:

1.- Si el hecho de que los hijos asumieron la actividad empresarial desde septiembre de 2012 hasta julio de 2013 enervó la legitimación de la causa extintiva.

2.- Si los hijos siguieron el cauce correcto para la extinción, puesto que no siguieron los cauces del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Tras una sentencia de instancia que desestimó la demanda, declarando la extinción ajustada a derecho, y una posterior revocación por el Tribunal Superior de Justicia (que declaró el despido improcedente), ambas cuestiones encuentran cumplida respuesta en la sentencia del Tribunal Supremo.

En el presente caso resulta útil comenzar recordando la literalidad del artículo 49.1.g del Estatuto de los Trabajadores, según el cual, el contrato de trabajo se extinguirá:

«g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.

En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites del artículo 51 de esta Ley».

1.- En cuanto al hecho de que la actividad fuera llevada a cabo por los hijos del empresario durante un tiempo, como podemos ver en la transcripción del artículo 49.1.g del Estatuto de los Trabajadores, no se señala plazo alguno para decidir la continuación o finalización de la actividad empresarial. En consecuencia, y teniendo en cuenta la transcedencia de la decisión, la jurisprudencia entiende implícita la existencia de un «plazo razonable» para adoptarla. El criterio establecido para la jubilación se considera análogo y extensible para la incapacidad y según el cual el plazo tiene la finalidad fundamental de «facilitar la liquidación y cierre del negocio o incluso su posible transmisión; y la duración de tal plazo dependerá de las circunstancias concurrentes en cada caso» (en este sentido se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2000, Rec. 2118/1999 y la de 9 de febrero de 2001, Rec. 1106/2000).

En el caso analizado aquí se declara que el plazo transcurrido entre la sentencia de incapacitación del empresario (27 de mayo de 2013) y la notificación de la extinción de la relación laboral (10 de julio de 2013), que no llegó al mes y medio no es excesivo, sino prudencial, para adoptar la decisión del cese de la actividad productiva y la extinción del contrato de trabajo.

Por otra parte, el hecho de que los hijos asumieron la dirección y gerencia del negocio durante la tramitación de la causa civil por incapacitación, esto es, desde septiembre de 2012 (momento del accidente), hasta la declaración de incapacidad del empresario (mayo de 2013, no desactiva la operatividad de la causa extintiva, pues resultaría más complicado desde  muchas perspectivas (legitimación, capacidad procesal y complejidad probatoria) acudir al expediente de finalización del contrato de trabajo aduciendo sólo la incapacidad de hecho de quien se está pretendiendo la correspondiente declaración judicial, sin haberse dictado aún la sentencia correspondiente.

2.- Por lo que respecta a la segunda cuestión, relativa al incorrecto cauce formal seguido por los hijos para la notificación del despido por no haber respetado el cauce del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal Supremo hace diversas consideraciones, que bien pueden limitarse a la más sencilla de ellas.

La propia Ley, en el mismo apartado g), limita la obligación de seguir los trámites del art. 51 al supuesto de «extinción de la personalidad jurídica del contratante» sin hacer referencia alguna al supuesto de incapacidad del empresario (en realidad tampoco a los supuestos de muerte o jubilación). Y esa limitación a un supuesto concreto tiene una explicación: la extinción de la personalidad jurídica puede ser causada por la propia persona jurídica -con evidente fraude o abuso del derecho- para tratar de evitar las consecuencias legales que realmente habrían de corresponder a decisiones extintivas que formalmente se amparan en la referida causa (extinción de la personalidad), y ese fraude o abuso de derecho es el que pretende proteger la norma (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2014, Rec. 201/2013).

Sin embargo, en el caso de una causa tan objetiva como la incapacitación judicial de la persona física del empresario, que además ya ha sido sometida a un control judicial, no es necesario acudir a los cauces del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

En conclusión: En cuanto al plazo entre la declaración de incapacidad del empresario y la extinción del contrato de trabajo, el mismo tiene que ser un plazo «razonable», teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Y en los supuestos de incapacidad (ni en los de muerte, ni en los de jubilación) es necesario seguir los trámites del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que sólo está previsto legalmente para los supuestos de pérdida de la personalidad jurídica del empresario.  

Vidal Galindo

Soy un abogado laboralista, de perfil internacional, con visión de negocio y vocación de formación y desarrollo de equipos. Tengo especial experiencia profesional en negociaciones, asuntos colectivos, litigación y asesoramiento a grandes clientes. Soy autor de la gran mayoría de las entradas de este blog. Cuando cuento con ayuda de algún colaborador, reviso y edito completamente la entrada antes de su publicación.

Extinción del contrato por incapacidad del empresario

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