Control de trabajo mediante GPS en el coche de empresa

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la instalación unilateral por parte de la empresa de dispositivos GPS para controlar la actividad de los trabajadores.

Como ya hemos visto en anteriores entradas, cada vez es más habitual controlar al menos parte de la actividad de los trabajadores mediante dispositivos GPS (en concreto en estas dos entradas: Control de empleado por GPS y despido disciplinarioDespido procedente por no activar el GPS facilitado por la empresa). Este medio de control podrá ser particularmente útil en determinados casos si finalmente prospera la obligación empresarial de control de la jornada por los trabajadores.

Vamos a ver a continuación el caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

1.- Los hechos del caso

La empresa demandada se dedica al mantenimiento de instalación de telecomunicaciones y tiene un único centro de trabajo en el que ocupa una plantilla de 58 trabajadores. La actividad se desarrolla por toda la comunidad asturiana y la empresa facilita coches de empresa para el desarrollo de la actividad laboral.

En relación con los hechos, son especialmente relevantes en este caso tres comunicaciones llevadas a cabo por la empresa:

– En noviembre de 2016 la empresa informó al Comité de Empresa que tenía la intención de instalar dispositivos de geolocalización en los en los vehículos afectos al desarrollo de la actividad. Dicha intención se basaba en la potestad de dirección prevista en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. En dicha comunicación ya se indicaba que dicha instalación tenía como fin el control por parte de la empresa del cumplimiento de las funciones y obligaciones de los conductores durante la jornada laboral.

– En enero de 2017 la empresa informó al Comité de que los dispositivos iban a ser instalados en los días siguientes y se inscribiría el fichero correspondiente en la Agencia de Protección de Datos. En esa comunicación la empresa incluyó un listado de los vehículos en los que se instalaría el dispositivo GPS. Además, en esta comunicación se informaba expresamente de lo siguiente:

«Las funciones principales del dispositivo son: localización en tiempo real, visualización de trayectos con posición segundo -a segundo, visualización de tramos conducidos con exceso de velocidad, detección de vehículo más cercano a un punto / calle, cuentakilómetros basado .en GPS y creación de alertas, datos que a su vez permitirán elaborar informes de distancia por día o por periodos, ralentí, recorridos, (reconstrucción de recorridos duración, kilometraje, recorridos efectuados fuera de horario), exceso de velocidad, localización, detalle de actividad (número de paradas, duración de la parada, retrasos).

El dispositivo permitirá también configurar alertas, entre otras, de hora de arranque y aparcamiento del vehículo, hora de aparcamiento” exceso de velocidad, paradas no autorizadas, duración excesiva de las paradas, puntos de paso y paradas, entre otras».

– También en enero de 2017, la empresa informó individualmente a los trabajadores de la instalación de los dispositivos GPS, así como la finalidad de los mismos, según se reproduce en el punto anterior.

Los trabajadores hacían uso del vehículo tanto durante la jornada laboral, como una vez finalizada la misma.

2.- Los argumentos de la demanda

El sindicato Comisiones Obreras presentó demanda de conflicto colectivo, instando la nulidad de la medida empresarial y subsidiariamente solicitando que la empresa garantizara que los dispositivos de geolocalización no estuvieran operativos una vez finalizada la jornada laboral.

El primer argumento consistió en la vulneración de la normativa de protección de datos por no recabar la empresa el consentimiento de los trabajadores para hacer el seguimiento por GPS.

El segundo argumento esgrimido por el sindicato es de mayor interés y consistió en que la medida empresarial de control no supera el juicio de proporcionalidad, que ha de respetarse para permitir injerencias en los derechos fundamentales, por existir otros medios de control menos invasivos. A su juicio, «un control manual del cuentakilómetros para saber los recorridos, las multas de tráfico que impongan los cuerpos policiales, las llamadas por teléfono de los clientes ante la inasistencia o retraso del trabajador, las llamadas por teléfono de los trabajadores una vez en el domicilio para dar de alta al cliente y comprobar el funcionamiento correcto del servicio de telecomunicaciones instalado o reparado, la hoja de encargo cumplido firmada por el cliente y el instalador y la previa indicación de los clientes a visitar cada día son suficientes».

3.- Devenir judicial del asunto

La sentencia de instancia desestimó la demanda presentada por el sindicato, y confirmó la corrección de la decisión empresarial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestima el recurso de Comisiones Obreras y confirma la sentencia de instancia.

4.- Fundamentación jurídica de la sentencia

En cuanto al argumento relativo a la protección de datos, la sentencia, con cita de la Resolución de la Agencia Española de Protección de datos número R/00956/2013, de 6 de junio de 2013 (procedimiento AP/00040/2012), declara que en el caso presente la finalidad de control alegada por la empresa está justificada y permite que dada la existencia de una relación laboral entre en juego la excepción a la necesidad de recabar el consentimiento de los empleados para el seguimiento durante la jornada de trabajo.

Es decir, «se cumplen las condiciones que a tenor del art. 4.1 LOPD facultan para la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal: que “sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”».

Por tanto, para llevar a cabo el control durante la jornada laboral, es imperativo informar al trabajador, si bien no es necesario recabar su consentimiento (artículo 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Por lo que respecta al juicio de proporcionalidad, el Tribunal Superior de Justicia hace el siguiente razonamiento:

«Los medios de control apuntados en el recurso suponen en gran medida dejar en manos de terceros -los cuerpos policiales que vigilan el tráfico, los clientes de la empresa- o de los propios trabajadores los mecanismos de supervisión y configuran un sistema de localización alternativo con lagunas e imperfecciones sobre el periodo de tiempo dedicado a los desplazamientos. La empresa debe tener la capacidad para sin acudir a ayudas externas, fundamentales en la propuesta del sindicato actor, organizar unos mecanismos efectivos de control y la utilización de dispositivos GPS en los vehículos de motor es un medio idóneo necesario y proporcionado a las características del desarrollo de la relación laboral».

En conclusión: La instalación de dispositivos GPS en los vehículos de la empresa para controlar la actividad de los trabajadores durante la jornada de trabajo se encuentra dentro del poder de dirección del empresario y, en determinadas circunstancias, supera el examen de proporcionalidad de la medida.

5.- Dos precisiones importantes

No obstante la conclusión reflejada en el punto anterior y los fundamentos de la sentencia, esta lleva a cabo dos precisiones relevantes:

– La primera es que la facultad de control empresarial desaparece en el momento del final de la jornada laboral y a partir de ese momento, es imprescindible el consentimiento de los trabajadores para mantener en funcionamiento los dispositivos GPS. Además la empresa debe adoptar las medidas indispensables para garantizar que el sistema no esté operativo a partir de dicho momento.

– La sentencia hace una precisión respecto al juicio de proporcionalidad de la instalación de los dispositivos GPS en los vehículos de empresa y es que considera que dichos dispositivos suponen una incidencia en los derechos fundamentales de los trabajadores «de menos intensidad que otros posibles medios como el seguimiento por GPS instalado en el teléfono móvil utilizado en la prestación de servicios relación laboral».

6.- Acceso a la sentencia y resolución de la AEPD

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 27 de diciembre de 2017 (Rec. 2241/2017).

Resolución R/00956/2013, de 6 de junio de 2013 (procedimiento AP/00040/2012).

Vidal Galindo

Soy un abogado laboralista, de perfil internacional, con visión de negocio y vocación de formación y desarrollo de equipos. Tengo especial experiencia profesional en negociaciones, asuntos colectivos, litigación y asesoramiento a grandes clientes. Soy autor de la gran mayoría de las entradas de este blog. Cuando cuento con ayuda de algún colaborador, reviso y edito completamente la entrada antes de su publicación.

Control de la actividad laboral por GPS en el vehículo

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