Cuestiones Procesales

No hace mucho publiqué una entrada acerca del derecho a la intimidad y el contenido de las cartas de despido. En ella apuntaba los efectos que en ocasiones puede tener la publicación de sentencias tanto en fuentes oficiales, como por los propios Tribunales de Justicia (no sólo nacionales, sino también europeos) sobre la intimidad de las partes, bien por contener el nombre de las partes, bien por transcribir cartas, correos electrónicos, comunicaciones, etc. que permiten identificar fácilmente a los litigantes.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido dar un paso en este sentido y, según indica en un comunicado de prensa (96/2018), a partir del 1 de julio de 2018, los asuntos prejudiciales en que se hallen implicadas personas físicas serán anonimizados.

El Tribunal Supremo ha resuelto una interesante cuestión, relativa al plazo de prescripción de acciones tras una sucesión de empresas, cambiando además un criterio que mantuvo el año 1.992, como recuerda en el propio texto de la sentencia.

Lo que vamos a abordar en esta entrada es una cuestión estrictamente jurídica, por lo que los hechos del caso concreto no tienen tanta relevancia y no nos vamos a detener en ellos, sin perjuicio de poder acudir al texto de la sentencia (incluida al final de la entrada), en caso de querer ver los detalles concretos del supuesto resuelto por el Tribunal Supremo.

Últimamente la alegación de vulneración de derechos fundamentales es casi una constante en las demandas, especialmente en las demandas por despido. Y más especialmente, la vulneración del derecho a la intimidad (en especial si hay tecnologías de comunicación de por medio, tales como email, mensajería instantánea, etc.) y a la protección de datos.

Esta entrada será breve porque solo pretende recoger dos criterios judiciales muy concretos (para lo cual no es especialmente necesario detenerse en hechos del caso) y una observación personal que no puedo evitar hacerme en numerosas ocasiones al estudiar jurisprudencia, tanto nacional como internacional (bajo el epígrafe «¿Se pierde el derecho al a intimidad al presentar una demanda?»).

En esta ocasión voy a comentar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (29 de diciembre de 2017), que resuelve la calificación jurídica que merece un despido sin causa o despido en fraude de ley. La sentencia reitera doctrina del propio Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal Supremo y declara no ajustada a derecho la sentencia de instancia (dictada por el Juzgado de lo Social 3 de Barcelona) que, en consecuencia, revoca.

En el diario Expansión de hoy, 10 de enero de 2018, he tenido ocasión de llevar a cabo algunos comentarios acerca de la sentencia de ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso López Ribalda y otros) acerca de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, que comentaba en esta entrada: Caso López Ribalda y Otros.

En Expansión se explica correctamente que «aunque la instalación de las cámaras era una medida oportuna ante los robos, el tribunal no cree que sea proporcional por dos razones: no cumple con la LOPD y las grabaciones fueron indiscriminadas y prolongadas». Esto tiene una importante consecuencia, y es que aunque no se declara de forma expresa, de la sentencia se puede extraer que una grabación con cámara oculta, limitada en el tiempo y para detectar unas irregularidades concretas, hubiera podido constituir una prueba válida.