Caso Porras Guisado – Afectación de trabajadora embarazada en proceso de despido colectivo

Caso Porras Guisado – Afectación de trabajadora embarazada en proceso de despido colectivo

Con fecha de hoy, 22 de febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en el caso Porras Guisado, que abordaba la adecuación a derecho comunitario de la posibilidad de afectar a una trabajadora embarazada en un proceso de despido colectivo.

En este caso, la empresa empleadora inició un proceso de despido colectivo. En el mismo se alcanzaron varios acuerdos, que incluían determinadas prioridades de permanencia. Cuando la empleada fue despedida estaba embarazada. Se plantea si el estado de embarazo debería proteger frente a un despido en el marco de un proceso de despido colectivo (a los efectos de esta entrada me voy a referir siempre a «trabajadora embarazada», por ser el supuesto de la demandante, no obstante, en dicha referencia se deben entender incluidas también las situaciones de «trabajadora que ha dado a luz», y «trabajadora en período de lactancia»).

Despido procedente por no activar el GPS facilitado por la empresa

Despido procedente por no activar el GPS facilitado por la empresa

En esta ocasión voy a llevar a cabo únicamente una breve reseña de una sentencia que, sin aplicar ningún criterio novedoso (motivo por el cuál la entrada será breve), sí puede resultar útil para algún caso concreto.

La sentencia aborda la calificación de un despido disciplinario por negarse de forma reiterada a activar el GPS facilitado por la empresa para el desarrollo del trabajo habitual.

Cuestión interesante desde la perspectiva laboral.

Despido sin causa y despido en fraude de ley: improcedente y no nulo

Despido sin causa y despido en fraude de ley: improcedente y no nulo

En esta ocasión voy a comentar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (29 de diciembre de 2017), que resuelve la calificación jurídica que merece un despido sin causa o despido en fraude de ley. La sentencia reitera doctrina del propio Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal Supremo y declara no ajustada a derecho la sentencia de instancia (dictada por el Juzgado de lo Social 3 de Barcelona) que, en consecuencia, revoca.

Caso López Ribalda y otros: Noticia en Expansión del 10 de enero de 2018

Caso López Ribalda y otros: Noticia en Expansión del 10 de enero de 2018

En el diario Expansión de hoy, 10 de enero de 2018, he tenido ocasión de llevar a cabo algunos comentarios acerca de la sentencia de ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso López Ribalda y otros) acerca de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, que comentaba en esta entrada: Caso López Ribalda y Otros.

En Expansión se explica correctamente que «aunque la instalación de las cámaras era una medida oportuna ante los robos, el tribunal no cree que sea proporcional por dos razones: no cumple con la LOPD y las grabaciones fueron indiscriminadas y prolongadas». Esto tiene una importante consecuencia, y es que aunque no se declara de forma expresa, de la sentencia se puede extraer que una grabación con cámara oculta, limitada en el tiempo y para detectar unas irregularidades concretas, hubiera podido constituir una prueba válida.

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